Carta

A las y los parlamentarios del Estado de Chile:

En Chile, somos muchas las mujeres adultas, de distintas edades y avenidas, que compartimos no sólo el afecto por nuestro país, sino también el haber vivido, cuando éramos niñas, historias de abuso sexual, incesto, violaciones reiteradas.

Nuestras historias se sienten profundamente vinculadas a las vidas y destinos de niñas que son víctimas, actualmente, de experiencias como las que conocimos años ha. Pero por encima de todo, nuestras historias son una fuente de voluntad y compromiso por el cuidado de toda niña y niño. De nuestras hijas e hijos.

Este mensaje para ustedes, legisladores, recoge la experiencia y el sentir de un número de mujeres sobrevivientes, en la esperanza de que nuestra voz pueda ser útil en un momento decisivo para nuestra nación.

Hemos seguido con atención, con responsabilidad, y también, con aflicción muchas veces, la trayectoria del proyecto ley que debe tramitarse en el Congreso con el fin de despenalizar la interrupción terapéutica del embarazo debido a 3 causales humanitarias: inviabilidad fetal, riesgo vital para la madre (cualquiera sea su edad) y violación. Esta última es una causal que en Chile afecta mayoritariamente a las niñas.

Sabemos que las niñas corresponderían, según reportes de distintos organismos (Carabineros, fiscalía, fundaciones), a un 70% apx. del total de víctimas de violación país. Las niñas, además, por sus edades, siempre corren diversos riesgos vitales. Debería considerarse para ellas una doble causal de despenalización. Nos cuesta entender que esto no haya sido contemplado ya.

Hemos leído también que el Colegio de Matronas/es de Chile informa de unas 850 niñas menores de 15 años que alumbran anualmente en nuestro país. Una mayoría de sus embarazos fueron resultado de incesto (no denunciado). Estas niñas no tuvieron posibilidad de decidir nada bajo una ley que las criminaliza si se niegan a continuar una gestación traumatizante -en cuerpos ya suficientemente heridos. En realidad, ni aceptar ni negarse: nada puede ser considerado como “opción”. No bajo coerción.

Las violaciones sistemáticas imponen a las víctimas niñas una trayectoria de muchos años, a veces la vida entera, para volver a sentir sus cuerpos como propios. En Chile, además, debido al embarazo por violación, les es impuesto el recordatorio de sus vulneraciones y de su violador durante 9 meses, de la forma más inhumana. Nosotras no creemos que habríamos sido capaces de sobrevivir algo así.

De niñas, muchas debimos enfrentar a lo menos la pregunta de ¿y si un embarazo del padre, abuelo, hermano, tío…? La respuesta drástica a esa pregunta la llevamos en nuestro registro más íntimo. Pero sí podemos atestiguar que, aun de adultas, eventos sencillos como un examen ginecológico anual, o procesos entrañables como el embarazo o parto de hijos deseados y amados, han sido en más de una oportunidad gatilladores de recuerdos y revivencias traumáticas (flashbacks) que han traído de vuelta al violador y sus asaltos. La memoria haciéndonos trizas una vez más.

En el balance de los años, constatamos con pesar, tan hondo, cuán poco ha cambiado Chile durante la democracia, si experiencias como las que vivimos –muchas de nosotras, durante infancias en dictadura- continúan siendo tratadas con igual indolencia, hasta el día de hoy.

Como país, sumamos décadas de infancias desprotegidas. Cada dilación de trámites legislativos que deberían ser prioritarios por razones de humanidad, son un fracaso colectivo en el imperativo de cuidar, y una forma de abandono, de indiferencia.

Podemos llegar a entender que ustedes sientan que están actuando con celo y rectitud. Pero no confundan su sensación de “estar haciendo lo correcto” con realmente “hacer el bien” o lo justo. No puede existir bien ni bondad o justicia posibles si vuestras demoras, indicaciones a la ley o controversias revictimizan a quienes más sufren, entorpeciendo o denegando procesos de auxilio y reparación para niñas y mujeres víctimas de violación/embarazo.

La ley que se está discutiendo no es ni la entenderemos jamás -pese a que así se ha intentado presentarla, polarizándonos como colectivo- como un reférendum moral. La respuesta que se ha pedido es si como país estamos o no de acuerdo en continuar criminalizando la difícil decisión, en tres situaciones de extremo sufrimiento y vulnerabilidad de niñas y mujeres, de interrumpir un embarazo. Tres.

Quizás, queremos creer, falta información. Establecer, por obvio o innecesario que parezca, que el cuerpo es lo que habitamos, lo que somos, y es ahí donde ocurren las violaciones de las niñas a edades, muchas veces, donde apenas si existe comprensión o lenguaje para nombrar esa clase de aberraciones.

El trauma de la violación y del abuso sexual infantil (ASI), es psíquico, emocional, pero también es físico, fisiológico. Lo corporal es el lugar de asentamiento de la vivencia trasgresora, de su herencia de síntomas, y también de su memoria invasiva: recuerdos que irrumpen con toda su carga sensorial, en tiempo real, inesperadamente, en cualquier momento, toda la vida.

El cuerpo es la puerta de entrada para el trauma, y también fue nuestra puerta de salida, de desalojo. Nunca es sólo una violación, ni es a manos de desconocidos. En el abuso sexual, el incesto, el cuerpo fue asaltado y “ocupado” en contextos sostenidos, mayoritariamente, por adultos en quiénes confiábamos y por quienes sentíamos cariño. Hombres que debieron proteger, no violar, a las niñas que dependían de su cuidado. Figuras paternas: padres, padrastros, tíos, abuelos, primos o hermanos mayores, a veces amigos de nuestras familias (un 85-90% de los abusadores proviene del entorno más cercano de las niñas y niños). Victimarios que ni siquiera necesitan recurrir a las peores amenazas, la fuerza o la violencia en el sentido que tal vez ustedes, legisladores/as, entienden. La fuerza eran ellos: su autoridad adulta y sus tamaños superiores la imponían. Y la violencia era, es, siempre: cada vez que un cuerpo mayor somete a un cuerpo infantil.

No existen violaciones que sean menos desintegradoras o “menos violación” que otras según el número y gravedad de las lesiones. Que no hubiera forcejeos, hematomas o desgarramientos jamás informó de nada excepto de la precaución del violador, o de nuestros esfuerzos instintivos –quedarnos quietas, no sentir, no ver, no gritar- por sobrevivir cada asalto. Lesiones, visibles o no, siempre hubo. Daños profundos.

No imaginan ustedes lo desgarrador que es escucharles hablar de “acreditación de violación”, o que se condicione el auxilio de las niñas víctimas a la denuncia que realicen. Reconocer, internamente, que una persona vital como un padre o padrastro fuera en realidad alguien lesivo o perverso, no es menos que una gesta sobrehumana. Mucho más arduo fue llegar a verbalizarlo; sacar la voz y contar lo vivido. Una mayoría de nosotras recién vencimos secretos y silencios obligados, sólo al llegar a adultas. Y no fue “denuncia”. Fue develación de la verdad y no por no haber concurrido a la justicia, las violaciones dejaron de ser lo que fueron.

Que ustedes asignen más importancia a “la denuncia” que a la protección y respeto por el proceso vivencial de las víctimas, o propongan mediadores o terceros responsables de denunciar –personal de salud, justicia- no libera a las niñas de nuevos daños, miedos, prisas forzadas (cuando ya todo ha sido por la fuerza), o de tener que enfrentar, en algún momento, a sus violadores. Mucho más se resguardan las garantías y derechos de abusadores sexuales, pedófilos, torturadores y criminales de guerra, que de las niñas violadas (o niños abusados). Es vergonzante e imperdonable que nos comportemos así como país.

Imaginamos que un número importante de ustedes son padres y madres. Muchas de nosotras somos madres, y madres de hijas mujeres. Tenemos claro que no es posible eliminar completamente el riesgo de que quienes amamos sufran, pero sí necesitamos saber que nuestras hijas importan, y que si la tragedia llegara a irrumpir en sus vidas, existen caminos para recorrer sin terror, sin coerción.

Los gobiernos elegidos así como las leyes tramitadas por representantes a quienes nosotros, como ciudadanos, conferimos autoridad mediante nuestro voto, deben cuidar y evitar sufrimientos que sean evitables. No están para atormentar a las personas; para olvidarlas. Como muchos, nosotras soñamos con una nación más buena y más justa, especialmente con sus niñas y niños. Desde ahí, nos ponemos a vuestra disposición.

Ustedes tienen en sus manos una oportunidad enorme, histórica, de ejercer vuestros cargos desde la unión –y no la separación- entre derechos y cuidado, integrando todas las miradas posibles; acogiendo toda experiencia humana. Por supuesto que no podrán evitar daños que ya ocurrieron, y como ustedes, nosotras tampoco querríamos que ninguna niña o mujer jamás fuera violada ni que existieran situaciones que pueden llevar a decidir algo doloroso como un aborto. Pero las realidades existen, no dan tregua.

Como legisladores, ustedes pueden hacer toda la diferencia si confieren dignidad humana plena a las niñas víctimas, y se concurre por las más pequeñas en atención inmediata al riesgo vital que también corren (en función de su sola edad y/o su tamaño), y por las adolescentes, acompañándolas íntegra e incondicionalmente (por todo el tiempo que sea necesario, y con los debidos recursos asignados por el Estado) durante un proceso donde lo más humano y reparador siempre será apoyarlas, a todas, en la opción de cuidarse, sabiendo que para algunas de ellas ese acto de cuidado puede significar que deban interrumpir el embarazo resultado de violaciones e incesto.

Por todas las víctimas pasadas, presentes, y futuras, el pedido es a ustedes legisladores/as: por favor honren su consciencia y el deber cívico y humanitario frente a la demanda de contención y reparación para un trauma causado por crímenes inenarrables. Crímenes que son concebidos como de lesa humanidad (una forma de tortura: el abuso sexual infantil, las violaciones), y cuyas víctimas son tratadas con respeto y piedad en diversas democracias (y por una mayoría de religiones también, desde la noción de “aborto compasivo”). Conforme a derechos universales que en Chile, también juramos proteger. Que así pueda ser ahora. Es tanto una apelación como una imploración.