el abuso nuestro de cada día…

Hay días, algunos días, peores que otros, de sentir que no tenemos mucho más cuerpo disponible para ser roído o devorado, y necesitamos descanso. Bajamos la guardia apenas, y entonces el abuso aprieta su mandíbula en el aire, o en lo que pille, muestra sus dientes y ríe, y todo parece una burla, pero no lo es. Es muy serio. Es grave. Lo digo sin ánimo pesimista. Sin que llegue a desesperación sólo porque todavía logramos reconocer mucho de lo injusto e impune que nos rodea.

El abuso nuestro de cada día (sistemas de salud, educación, pensiones, bancos y empresas, la clase política, el transporte público, los estacionamientos, y podríamos seguir), lo mínimo, lo inmenso, y el saco sin fondo es uno solo sobre nuestras espaldas de siempre. “Un paraíso” dicen, este país. Para abusar del indefenso, sin mayores consecuencias. Sename, la violencia sexual, la pedofilia. Infiernos.

Leo con pena y rabia la noticia del rechazo a la demanda civil iniciada hace cuatro años por tres hombres valientes y buenos, James Hamilton, J.C. Cruz y J.A. Murillo contra el Arzobispado de Santiago que –venimos enterándonos- no representa a la Iglesia de Chile. ¿Entonces? Entonces nada. La institución carece de “legitimación pasiva”. La iglesia chilena no es responsable. Es inimputable. 

Muerden todas las impotencias imaginables: mamífera, maternal, cívica, personal, colectiva, humana. ¿Qué debemos entender: que crímenes como el abuso sexual infantil cambian de estatus por contar con amparo y respaldo institucional? Así se lee. Como si la Iglesia no contara ya con suficiente inmunidad.

La gelidez y ligereza de la justicia canónica y las escaramuzas para impedir la justicia civil se dejan sentir en Chile y en diversas latitudes. Que algunos juicios hayan resultado en condenas para sacerdotes o religiosas, no significa que exista de parte del Vaticano, ni de las autoridades eclesiásticas, ni de los agresores sexuales, un reconocimiento genuino de sus responsabilidades civiles y/o penales, o éticas, o humanas.

Desde que los escándalos por la develación de abusos sexuales eclesiásticos estallaron en la década de los ochenta, el patrón de conducta de la Iglesia ha sido de negación de los delitos y abandono de las víctimas, mientras a la par ha desplegado una variedad de recursos para blindar a los victimarios, en sus propios países o trasladándolos a aquellos donde sea imposible su extradición.

Casi 7 mil sacerdotes con acusaciones verosímiles sólo en EEUU, y unas 17 mil víctimas con denuncias públicas y acogidas por la justicia – y miles más de avenimientos privados, y de testimonios que no han llegado, o no todavía, a materializarse en querellas (datos bishopaccountability.org).

En Australia, 7% del clérigo ha sido acusado de cometer abusos sexuales; las denuncias abarcan un período de 25 años (1980-2015, ver nota), casi dos mil victimarios y cuatro mil quinientas víctimas –de entre 10 y 14 años de edad al momento de ser abusadas- que demoraron un promedio de 33 años en verbalizar el trauma vivido.

El abuso sexual eclesiástico atraviesa las vidas de decenas de miles de seres humanos: las víctimas más pequeñas fueron abusadas a los 3, 4 años de edad; ochenta por ciento de ellas vivió el inicio de los abusos entre sus 8 y 10 años (datos  bishopaccountability. org). Miles de jóvenes, de todos los continentes, han sido confinados a lo inenarrable de un trauma que a muchos llevó al suicidio.  Las autoridades eclesiásticas sabían. Y saben, todavía.

Los datos son un alarido frente a no menos que una red de pedofilia a la cual es preciso detener (y erradicar). El año 2009, el sacerdote Silvano Tomasi, delegado del Vaticano ante la ONU, reconoció que según “estadísticas internas” entre un 1,5% y 5% del clérigo estaba involucrado en casos de abuso sexual a niños, niñas y adolescentes menores de edad. Es decir entre 6 mil a 20 mil sacerdotes (de un total de 440 mil) han cometido delitos de pederastia. 

Es muy duro decirlo, y aun siendo agnóstica, duele esta conclusión, pero las cifras son elocuentes y el patrón de conducta es a todas luces reconocible. Corresponde una sola definición: “un grupo de personas que participan de una variedad de actividades sexuales ilegales que involucran a menores de edad” (trad., “red de pedofilia”, paedophile ring, Cambridge English dictionary). Dicha “participación” necesitamos entenderla en la perpetración de los crímenes, la complicidad, el encubrimiento, y la pasividad y negligencia en detenerlos o prevenirlos.

La extensión y recurrencia de los abusos sexuales en la Iglesia – EEUU, Irlanda, Canadá, México, Filipinas, Bélgica, Argentina, Perú, Chile, entre otros- no dan para pensar en desviaciones aisladas, y menos para intervenciones caso a caso (en terapias o retiros espirituales de los abusadores). Hace mucho el catolicismo tiene un problema enorme que sus autoridades sólo han agravado con su actitud indolente y criminal, porque eso es el encubrimiento de abusos y de sus responsables. Criminal.

Consciencia de los daños… qué podríamos decir. Ni las miles de víctimas, ni los miles de sacerdotes y religiosas abusadores de niños y adolescentes confiados a su cuidado, han sido hasta aquí motivo de alarma seria para las autoridades de una iglesia que hace mucho se yergue sobre un campo minado o radioactivo, y como si nada, o casi nada. 

No vemos urgencia, ni remordimiento, ni compasión, ni mayor agencia en el auxilio y restitución de víctimas,  familias y comunidades, o en la contención de la propia feligresía que atestigua con vergüenza y dolor una historia negra que está muy lejos de terminar de escribirse.

No conocemos todas las denuncias, no se avanzado lo suficiente en la justicia, ni sabemos si los sacerdotes y religiosas de este milenio serán formados y actuarán desde otra ética con niños/as y adolescentes, asegurando la no comisión de abusos sexuales, o su reducción drástica. Si fuéramos obispos, arzobispos, cardenales, o Papas, muchos de nosotros apenas dormiríamos con la magnitud de esta tarea pendiente, y su peso en la consciencia.

El trabajo de reparación no prescribe con un par de gestos incompletos. Las consecuencias del abuso no prescriben en las vidas de sus víctimas, y la justicia tampoco debería caducar antes de siquiera poder acceder a ella. No se menciona la violación flagrante de DDHH, pero es.

Se confieren plazos arbitrarios a procesos de trauma que requieren tiempo: biológico, neurológico, psicológico, social (la emancipación del hogar es un gran obstáculo para víctimas de incesto). Es hora ya de que nuestras leyes, lo hemos repetido hasta el cansancio, incorporen la información que aportan progresos y evidencias científicas disponibles.

Los abusos sexuales contra niños y jóvenes no pueden prescribir sin dar a sus víctimas tiempo de crecer, madurar, de elaborar el trauma y de poder articular un relato que permita denunciar e iniciar una acción judicial, si así lo deciden. Afortunadamente, el mundo civilizado y sensible avanza en dirección de la imprescriptibilidad, y aunque así no fuera, si la Iglesia tuviera una mínima decencia humana, respondería a sus víctimas desde el cuidado ético, el corazón claro. Sin sujeción a calendarios ni calculadoras.

Derecho al tiempo. Respeto por el tiempo. Sabemos que las consecuencias del abuso sexual infantil (ASI) no quedan contenidas en la niñez, se toman otras etapas de la vida, afectan la salud física y psicológica de las víctimas, sus trabajos, su productividad, sus relaciones. Sólo tomemos en cuenta la duración de los procesos de reparación, denuncia y justicia; no hay cómo estimar los recursos morales y materiales que deben disponerse de parte de sobrevivientes, sus familias, y redes de apoyo. Todo en medio de nuevas victimizaciones y la certeza casi absoluta de que los abusadores sexuales no serán sancionados, y que instituciones que los amparan serán inimputables.

En Chile, Fernando Karadima, la madre Paula, Christian Precht, Juan Barros, John O’Reilly: algunos nombres de años recientes que nos ayudan a dimensionar la negligencia de la Iglesia, y nuestras propias limitaciones e incompetencias como sociedad civil –en un Estado aconfesional- para sancionar delitos sexuales que han ocurrido bajo su amparo.  ¿Quiénes cumplen, o han cumplido la primera semana de una condena en la cárcel? El autorespeto como país anda por el suelo, y de nosotros también depende poder levantarlo, sanarlo.

La iglesia Chilena, por intermedio del arzobispado o de la conferencia episcopal, nos proveen con consuelos esporádicos: protocolos forzados de prevención de abuso sexual infantil (deficientes como la última guía emitida en Chile hace dos años, donde a duras penas se consigna el deber adulto de denuncia).

El Vaticano por su lado, da un paso y retrocede dos, articula comisiones inútiles por la verdad y justicia –donde terminan renunciando integrantes como Mary Collins y Peter Sanders, sobrevivientes de abuso- y elabora instructivos (ver) donde se libera a los obispos del deber de denunciar abusos sexuales a la justicia, aun cuando el país donde se encuentren obligue dicha denuncia por ley (¿qué es esto: un llamado a la sedición?).

El sufrimiento de las víctimas, antiguas y nuevas, continúa sin que nada perturbe la indiferencia de las autoridades, incluido Francisco I. Es esa indiferencia la que no podemos olvidar ni dejar pasar. Hay que gritarle en la cara, saltarle encima, interrumpirle las horas de sueño, hasta que muestre alguna capacidad de reacción.

Esa indiferencia es inapelable en el nombramiento de Juan Barros y en la respuesta del sumo pontífice a una comunidad indignada: “Osorno sufre, sí, pero por tonta” (aquí el video). Francisco I respalda al sacerdote denunciado por las víctimas de Karadima, y dice que “las acusaciones fueron desestimadas” sin llegar a insinuar una inocencia más allá de toda duda razonable para Barros. Hay que prestar atención a estas omisiones de un Papa que parece creer que no tenemos medio dedo de frente o de memoria. Bueno: “tontos”, así nos trata (maltrata). ¿Qué más podríamos esperar de la Iglesia liderada por Francisco I? Creo que nada.

La insistencia en recordar la trayectoria deplorable de la Iglesia en materia de abuso sexual no es amarga ni antojadiza: es un acto de autocuidado, de autodefensa, incluso de solidaridad.

Sólo volviendo a mirar los datos, los hechos, las ausencias, podremos visualizar patrones, falacias, iteraciones que nos marean y confunden, y que debemos desenmascarar para poder proteger a nuestros hijos (cuántos niños continúan estudiando en colegios católicos) y responder a las víctimas.

Sin engañarnos, es posible observar algunos avances precarios, y también aceptar que en lo esencial no hay transformaciones. Nos lo recuerdan resoluciones como las que emitió hace un par de años el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, sobre la negligencia de la iglesia, y recientemente, en Chile, mediante fallos como el del Juez Muñoz (cuestionado en casos de violación de DDHH, además) quien exonera al Arzobispado.

Las víctimas de Karadima viven una injusticia más, la Iglesia celebra su inmunidad, y el estupor es sólo nuestro, una vez más, porque en nuestro país pederastas encontrados culpables puedan ser protegidos y continúen impúdicamente llevando una vida cómoda, participando de actividades sociales y hasta residiendo en barrios cercanos a los de sus víctimas, sin que nadie diga nada, haga nada.

¿Qué necesitamos para que nadie, absolutamente nadie, ni Colonias Dignidad ni iglesias de ninguna religión funcionen en nuestro país ignorando las leyes? ¿Cuándo nuestra democracia, imperfecta y todo, tendrá el coraje de hacer lo justo, legislar lo justo, o por último admitir que se siente atada de manos y pedir ayuda?

No es cuerdo ni seguro un país donde predadores sexuales circulan libres y contentos por el mundo gracias a la complicidad de su Iglesia y la obsecuencia de nuestra justicia que más encima, allana el camino mediante plazos de prescripción que abandonan a una mayoría de las víctimas. ¿Qué orden y paz social pueden existir en estas condiciones? ¿Qué puede ser cuidado, protegido, en la impunidad? NADA.

Este martes 21 de marzo debe votarse la idea de legislar, en general, por la imprescriptibilidad de delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes (www.abusosexualimprescriptible.cl). Es un primer paso pequeño, pero valioso, decisivo, e indispensable como señal del Estado (aunque la verdadera señal sería por fin conferir urgencia a la tramitación de la ley).

Mientras no terminemos con la prescripción (o bien se extiendan los plazos a cincuenta, o cien años si es preciso), continuaremos a merced de abusadores y redes de pedofilia impunes por crímenes pasados, presentes y futuros. Es no menos que jugar a la ruleta rusa, permitir que personas con esa capacidad destructiva continúen fuera del alcance de la ley y no sean separadas de la comunidad donde viven nuestros hijos e hijas.

Las leyes necesitan cambiar. Es 2017, y no A.C. Se han producido progresos en la medicina, la psicología del trauma, el derecho internacional, que pueden ayudarnos a contar con leyes dignas de este milenio y de los seres humanos a quienes deben servir y cuidar, velando por la sanción de quienes sean responsables de crímenes sexuales, como perpetradores directos o como cómplices.

Nunca se ha tratado de responsabilidades sólo individuales. Y es cierto que no está bajo el control de estados o instituciones, la existencia o conducta de los abusadores sexuales. Pero una vez materializados y conocidos los abusos en la Iglesia, cada encubrimiento, cada falta de colaboración con su sanción y justicia, cada ausencia con las víctimas, convierten a la institución y a sus autoridades en corresponsables.

Corresponsables, pero inimputables. No podemos quedar de brazos rendidos.

Muchos chilenos no somos parte de la Iglesia, y otros no querrán dejar de pertenecer a ella porque a pesar de actuar como una institución cómplice de abusos, todavía creen y sienten que pueden ganar la batalla interna contra la pedofilia y su impunidad. Es difícil, o imposible, en realidad, si no ocurren algunos cambios irrenunciables. Quizás entre todos, católicos y no, podríamos ayudar a empujarlos.

Hasta ahora, no existen procedimientos expeditos –menos confiables- de investigación de delitos sexuales ni sanciones efectivas para sus perpetradores (tampoco sabemos si se conducen procesos serios para contener y evitar reincidencias en la comisión de delitos). Un ejemplo: la justicia canónica aún no se pronuncia –y todos los antecedentes están en el Vaticano desde 2012- en relación a John O’Reilly cuya culpabilidad como abusador sexual sí fue sancionada en 2014 por la justicia chilena (aunque con una pena ínfima, y remitida). No olvidemos estas omisiones.

No puede ser que la Iglesia se lave las manos y se abstenga de tomar medidas, y siga permitiendo a abusadores sexuales, continuar ejerciendo el sacerdocio.

Cualquiera sea su rango en la jerarquía eclesial, cumplan o no con sentencias de cárcel, hayan tenido o no gestos de perdón y restitución para con sus víctimas, los sacerdotes abusadores  deben ser separados completamente de la Iglesia, despedidos, (no sé si excomulgados, además, pero como observadora externa no entiendo por qué esa sanción es aplicable en situaciones de menor gravedad, y no con pederastas), y que sea informada su destitución de manera inmediata. Justamente, hace falta un registro mundial de ofensores sexuales elaborado por el Vaticano, que sea de fácil acceso y con actualizaciones al día para cada país.

Nada merecerá confianza en tanto las autoridades eclesiásticas persistan en dificultar la justicia, o continúen sacando ventaja –como el más triste, sinvergüenza y patético de los delincuentes- de resquicios, tecnicismos, vacíos o inmunidades legales conferidas siglos ha, cuando nadie imaginaba la extensión y poder de la red de pedofilia que ha crecido en el seno de la Iglesia, ni la impunidad que ésta permitiría.

“No somos responsables de esos abusos”, “actuamos de buena fe”. ¿Escucharán de sí mismos, en el Arzobispado de Santiago, cuán insensibles y hasta ridículas suenan estas declaraciones? Tantas veces guardaron silencio, cuando pudieron haber protegido o mitigado algún dolor de las víctimas. Ahora deberían callar, por respeto, o nosotros negarnos a escuchar hasta que tengan algo veraz y relevante que comunicar, y hasta que como sociedad contemos con las herramientas para protegernos –y deben actuar los poderes del Estado- de abusos, abusadores e instituciones cómplices, que no pueden continuar fuera del alcance de la ley.

Nada de lo que hagamos será poco o insignificante, ningún gesto de cuidado sobra, ninguna voz ni resistencia, en ningún entorno. De abusos casi imperceptibles a los más desgarradores nunca es demasiada la distancia. Por eso a todos hay que enfrentarlos: fauces pequeñas, o gigantes, cualquier mordedura, cualquier día. Hasta que pierdan sus últimos dientes, y con las encías blandas y envejecidas, no puedan dañarnos más.

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Si tienen un tiempo, y con las debidas advertencias de triggering para víctimas de abuso sexual eclesiástico, y de abuso sexual infantil en sus diversas formas, vale la pena ver el documental del director argentino Julián Maradeo, “No abusarás” (disponible en youtube).