Abuso sexual infantil, cuidado ético y los medios

“El rol del mundo adulto, cuando los niños han sufrido un trauma, es similar al de la gasa. Ésta no cura la herida, pero la protege.”- Peter Levine, Terapeuta norteamericano especialista en Trauma.

“Estoy tratando de escuchar a la piedad, su idioma. Estoy tratando de inclinarme hacia los pantanos y oír lo que se confiesa limpiamente” – Jorie Graham
 
En la esfera del abuso sexual infantil (ASI), han sido constantes las observaciones y recomendaciones a los medios -realizadas por profesionales que trabajamos con víctimas-, sobre el trato a las víctimas, y el cuidado con posibles evocaciones traumáticas debido a los lenguajes que se utilizan y a la forma -muchas veces abrupta, o sensacionalista- de abordar la noticia.

También hemos advertido sobre la necesidad de proveer algún suelo, de educar, para permitirnos como ciudadanos recibir ese tipo de noticias con respeto, a consciencia, no desde el terror. Por encima de todo, hemos invocado una y otra vez al cuidado de los niños y la no vulneración de sus derechos. Sin embargo, todavía vemos que falta mucho por lograr antes de poder sentirnos tranquilos con la cobertura que se realiza en nuestro país, de casos de abuso sexual infantil.

Creo firmemente que el principio fundamental de la libertad de prensa y del derecho/deber de informar, no debería ser irreconciliable con el cuidado ético de víctimas de trauma y la adhesión a  marcos de derecho -nacional e internacional-que protegen a la infancia. Tampoco debería sernos ajeno el cuidado de los procesos de justicia donde se involucra a niños o víctimas de trauma.

Es preciso comprender que cubrir viajes espaciales, investigaciones financieras o elecciones políticas, no es equivalente a informar sobre experiencias humanas dolorosas. Si la entrega de noticias entra en conflicto con la protección de la integridad física, psicológica o emocional de los niños, el resguardo a su privacidad o la provisión de todos los recursos necesarios para garantizar su salud y recuperación, entonces sus derechos son directamente puestos en riesgo, cuando no vulnerados.

La libertad, cualquiera, supone responsabilidad. Y es entendida así, de modo universal, cuando constatamos que existen criterios reguladores para audiencias televisivas y de cine (según edad), y que la prensa en otros países tiene la obligación de publicar advertencias preventivas sobre la crudeza de imágenes, relatos, o la posibilidad de que estos despierten síntomas de estrés post traumático en personas que han vivido experiencias límite (entre las que se cuenta el A.S.I. y los asaltos sexuales). El argumento se sustenta en el respeto a derechos y la dignidad de ciudadanos y de las víctimas –y querríamos que fuera el argumento suficiente-, pero también en la precaución de no exponerse a demandas por daños morales o violación de privacidad.

En un país como el nuestro, donde los derechos de los niños no son exigibles ante tribunales y donde no existen reglamentos explícitos sobre el tratamiento ético de noticias y reportajes que involucren a la infancia, dependemos del buen juicio y de la disposición sensible o humanitaria que quieran desplegar los medios: esa pregunta responsable ANTES de informar, acerca de para qué y cómo, teniendo en cuenta a quiénes se debe proteger y de qué manera debe ser presentada la información –y cuál- para honrar ese cometido de cuidado.

Lamentablemente, el propósito de mucha información que se comparte sobre A.S.I. en nuestro país, confunde o sólo alarma, y no me refiero a un sentido de alerta, sino a la incitación de un pánico efímero y sensacionalista que a poco andar se disipa, dejando a la indiferencia o al olvido su lugar acostumbrado cuando lo que necesitamos, prioritaria, urgentemente, es crear consciencia, educar para la prevención y el autocuidado, y compartir herramientas para apoyar a víctimas y comunidades.

Viendo o leyendo noticias muchas veces, cuesta creer que alguien se pregunte nada sobre los niños y sus derechos, sus seres queridos (co-víctimas, cuando el abuso es extrafamiliar), o los docentes, personal y familias que son parte de una comunidad educativa, o el barrio, y el país completo. Se informa -o vocifera, a veces- cualquier día lunes sobre “denuncia en fiscalía por posible abuso sexual en jardín infantil equis” (el momento en que se inicia la investigación), dos días después: “van tres niños abusados en ese jardín”, y en cuatro días, “nueve son los niños violados/ultrajados/en jardín investigado”. Cuando consultamos por la verificación de estos diagnósticos terribles, resulta que todavía están en proceso o no son concluyentes. ¿Qué pasa si encima son un “error”? (ver video en corte).

A lo anterior, se suman las arengas vía medios o redes sociales, para la caza o exterminio de “pedófilos” sin realizar distinciones, por ejemplo, entre el ofensor que efectivamente tiene una parafilia e innumerables víctimas a su haber, de aquel que abusó como resultado de un accidente cerebral que alteró su conducta (se ha observado en ancianos, y no, no justifica nada, pero es una realidad), o de quien estableció una relación de incesto con sus hijos o nietos en la dinámica más compleja y devastadora imaginable (y donde duela o no admitirlo, existió/existe/existirá tal vez una zona nebulosa donde el afecto sigue siendo posible). Solo por mencionar algunos casos terribles donde no: NO es irrelevante la precisión, menos para quienes han -hemos- transitado la experiencia.

Si la forma de informar es cruda y descarnada, o si los interlocutores no están bien preparados o informados, o se expresan de formas amenazantes, crueles, enfurecidas (por más que esas emociones los adultos podamos explicárnoslas), o dividiendo el mundo entre buenos y perversos, se puede dañar y arriesgar a quienes más se quería proteger.

Observando el comportamiento del mundo adulto o el tratamiento del abuso vía los medios, muchos niños podrían pensarlo cien veces antes de compartir su verdad, y otros que ya lo hicieron, como ha sucedido, negarán su relato para proteger a sus seres queridos, a su familia tensionada por exigencias de procesos judiciales, o hasta al mismo abusador (a quien muchos niños dudan si quieren ver “castigado” por el afecto que todavía existe, aunque cueste comprenderlo).

Desde otro lugar, en adultos traumatizados, las crisis de angustia y pánico provocadas desde el “gatillo” de una noticia, son de la mayor seriedad. Quienes trabajamos con sobrevivientes de ASI apenas dimos abasto el año 2012, para contener tanta recaída. Daños y más daños. ¿Tendrían responsabilidad los medios o las personas destempladas a quienes dan tribuna, si una víctima de abuso intenta el suicidio y muere? Es una pregunta que me ronda hace mucho.

Lo que se requiere de todos nosotros, y a niveles críticos -lo dicen los expertos en trauma y ASI- es una voluntad de protecci’on para las víctimas, y una actitud serena, respetuosa, y capaz de propiciar -sin nuevas heridas- el cambio de una sociedad, desde el ejercicio pleno y vasto (en toda esfera) del cuidado ético.

Quiero expresar muy claramente que el esperar de los medios una actitud cuidadosa y la pregunta sobre cómo hacerlo mejor, no cuestiona el enorme peso que tienen y su influencia en la visibilización de temas relevantes y urgentes. Hay cambios que les debemos. Eso no se olvida. En nuestro país, no fue sino hasta que los medios informaron sobre los abusos ocurridos en la Iglesia Católica, que finalmente fue posible abrir la conversación, y digo solamente “abrir” porque en muchos entornos todavía era difícil, al año 2009, 2010, siquiera mencionar el tema de ASI. Quizás, del mismo modo en que una familia resiste aceptar el horror de que el abuso ocurriera en su seno (muchos sobrevivientes son responsabilizados de una “mácula” en la historia familiar, por develar la verdad), la familia más grande que es una nación no está exenta de sus propios duelos y limitaciones.

Paso a paso, es innegable lo mucho que hemos debido aprender y crecer desde tiempos del Informe Especial y ese histórico Tolerancia Cero donde por primera vez escuchamos la voz herida y prístina de James Hamilton. Gratitud infinita. Y gratitud, todavía, cada vez que se promueven conversaciones constructivas, educativas, debates que ayudan a comprender, por ejemplo y como ha sido en tiempos recientes, por qué es imperativo que crímenes como el abuso sexual infantil, por la edad de ocurrencia del delito, y el largo tiempo que lleva comprender y elaborar lo vivido, no pueden estar sujetos a plazos de prescripción arbitrarios y ajenos a la evidencia científica y en materia legislativa (a nivel mundial, en occidente, e inclusive en Latinoamérica, considerando que en Argentina ya se legisló la imprescriptibilidad del ASI).

No obstante todo lo que podemos reconocer y valorar, siguen ocurriendo situaciones donde queda claro cuánto camino falta por recorrer. El año 2011, se publicaron los expedientes de la causa contra Karadima (ocho PDF en total), incluidos nombres, teléfonos y direcciones de los afectados. En clara falta, debieron bajar los archivos solo para borrar los datos e insistir en su publicación sin que nadie se detuviese a pensar en lo que esta acción implicaría para las víctimas adultas, y menos para los niños. Había menores de edad, los hijos de James Hamilton, y sus amigos o compañeros de colegio, que debieron conocer de situaciones atroces vía los expedientes. Datos que el padre, o madres en otros casos, quizás habrían querido omitir por cuidado de sus hijos, en espera de que ganaran madurez, o en espera de que concluyera el proceso judicial, o bien en espera de nada, porque hay vivencias que a veces permanecen en zonas de silencio elegidas por quienes la vivieron, y es su derecho.

Más grave inclusive que arriesgar a víctimas adultas, es arriesgar a las víctimas que son niños y niñas, exponer sus identidades o las de sus familias, y comprometer también la vida de sus comunidades educativas (donde más encima otros niños y niñas se verán afectados).

El detalle de los actos de abuso –junto a pericias ginecológicas, detalles personales, fichas de salud, imágenes, etc., que son parte de los expedientes judiciales- exhibidos sin piedad, deja a las víctimas sin posibilidad de elegir, algún día, qué es lo que dejarán dentro o fuera de sus zonas de examen íntimo en relación al trauma vivido. Una adolescente víctima de ASI que atendí años ha, sentía mucha angustia porque “algún día”, si quería postular a un trabajo o contraer matrimonio, sus posibles empleadores o “la suegra”, tendrían acceso a los detalles más tristes y sórdidos de su vida, por las noticias que se habían publicado durante el proceso judicial y que continuaban disponibles vía internet.

Recordemos, de hace un par de años, la cobertura de Ciper sobre el caso del Gerente del Banco Central. Los nombres completos de los padres estaban ahí (ambos dieron varias entrevistas durante el proceso, además), y el colegio de las niñas, y escalofriantes detalles sobre sus testimonios. ¿Protección de identidad; derecho a la reserva para protegerlas? Escasamente. Lo mismo ocurrió en relación a las víctimas de abuso de John O’Reilly (de la Legión de Cristo). Y perdemos la cuenta de cuántos casos de niños y niñas de Sename son abordados por los medios sin el respeto que merecen, sin contribuir a mayores cambios en la forma de entender qué se necesita como respuesta colectiva (y como exigencia a nivel del Estado, o de líderes actualmente postulándose a la presidencia, por ejemplo), más allá del estupor mayor o menor según el momento.

Los medios de prensa argüirán su derecho y deber de informar y desde esas premisas asimismo pedirán testimonio a padres, u otras personas cercanas a los niños abusados y sus familias, o a los profesionales de apoyo que, en mi opinión, necesitan -como todos los involucrados en estas experiencias difíciles- desplegar el más alto y debido cuidado a la protección de la identidad y dignidad de las víctimas y co víctimas (las familias), de sus procesos de contención y reparación, y también de la justicia (mientras sigue su curso).

Preocupa que, en la búsqueda de información, se olvide el deber de cuidar a quien habla (el entrevistado), que puede no estar en su mejor momento para decidir hacerlo -menos cuando la demanda primordial de padres y madres no es dar entrevistas, sino acompañar la delicada intimidad de sus hijos-, y mucho más importante, cuidar a los niños víctimas. No puede ser prescindible la reflexión sobre qué nivel de detalles se está dispuesto a revelar sobre el abuso de un niño, o sobre qué mayores sufrimientos podrían infligir los mismos periodistas bienintencionados, o los padres y profesionales vinculados a un caso, cuando responden a los pedidos de la prensa (sin recordar que casi de todo, hoy en día, queda respaldo en internet, y que a futuro, los niños podrían ser los más afectados).

Así solo se hable de ellos, los niños merecen protección: las palabras pueden hacer daño, re-victimizar y ahondar en los efectos del abuso y la experiencia traumática. El derecho a la privacidad también es un derecho de los niños (aunque no puedan comprender o elegir en el presente).

Las universidades y escuelas de periodismo tienen un gran desafío pendiente en materia de formación ética respecto de la infancia y de las víctimas de trauma. Los equipos de prensa de diversos medios, también. Y las asociaciones que a nivel nacional agrupan a periodistas y comunicadores sociales. El Consejo Nacional de Televisión -y en ocasiones, desde tribunales- ha ejercido un rol como moderador y protector en algunos casos, pero carecemos como país de un estándar explícito y mandatario para cobertura periodística y tratamiento de trauma desde el cuidado ético por niños, víctimas infantiles y/o sobrevivientes adultos hombres y mujeres de abuso sexual infantil (que sufren de estrés post traumático y otras consecuencias perdurables del abuso y violencia vividos en la niñez).

Una periodista me comentó alguna vez, muy orgullosa: “Hemos impulsado con fuerza este tema, ¿has visto? Queremos honrar nuestra responsabilidad social”. Recuerdo su expresión desconcertada cuando le respondí que me daba cuenta y lo valoraba, pero que me parecía que todavía hacía falta mayor autoexamen y detenerse a evaluar esa “responsabilidad”, cada persona y como equipos de prensa, desde un estándar ético de cuidado que ayudara a decidir cómo informar, mediante cuáles voces (o vocerías), y conforme a derechos humanos y premisas de protección de la niñez (y de sus entornos). Para no arriesgar más daños (como si ya no fueran suficientes), y continuar aportando a esa nación mejor, sin abusos, que contra toda evidencia gris, no dejamos de añorar.

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Muy recomendable: sitio web del DART Center, www.dartcenter.org con varios recursos en inglés y traducciones al español sobre responsabilidad de la prensa con las personas y el tratamiento de noticias en situaciones de trauma.

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